El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que el informe de Naciones Unidas sobre la Ley de Concordia es "un varapalo histórico" para la Junta y que su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, además de parar "inmediatamente" su tramitación, tiene "dos opciones, o echar a Vox del Gobierno o irse él".

Así lo ha señalado en Salamanca, antes de asistir a la Escuela de Gobierno del PSOE de Castilla y León, donde han participado, entre otros, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la eurodiputada socialista Iratxe García.

Tudanca, sobre el "informe de las Naciones Unidas en relación con la tramitación de la mal llamada Ley de la Concordia por parte de la Junta de Castilla y León y de otras comunidades autónomas", ha apuntado que este documento "exige, desde luego, una respuesta"."Me parece absolutamente descorazonador lo que está pasando en los últimos tiempos en Castilla y León, y ya lo advertimos, ya dijimos que aquí comenzaba una deriva reaccionaria muy preocupante, cuando el señor Mañueco decidió que, a cambio del poder, valía todo, que por mantenerse como presidente de la Junta podía por primera vez en nuestra historia, en la historia de nuestro país, meter a la extrema derecha en nuestras instituciones, en nuestros gobiernos, y que eso iba a traer consecuencias gravísimas", ha dicho."Hoy, lo que dice el informe del relator especial de las Naciones Unidas, lo que dice el informe de la ONU, es que estas leyes de la discordia que han empezado a tramitar en Aragón, en Valencia y en Castilla y León, primero suponen invisibilizar los graves crímenes que el franquismo cometió contra miles y miles de personas, una sangrante violación de derechos humanos que estas leyes tratan de ocultar; en segundo lugar, dice la ONU que impiden o dificultan enormemente la participación de la sociedad civil, de las asociaciones de la memoria democrática, de los familiares de todas aquellas víctimas de graves violaciones de derechos humanos, saber lo que pasó", ha añadido.

Por último, Tudanca ha resaltado que estas normativas "impiden el cumplimiento de derechos fundamentales, el deber de memoria, el derecho a conocer la verdad, que están establecidos en diferentes convenios internacionales firmados por nuestro país".